Patentar las tradiciones — Una breve introducción al tratado mundial sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos (GRATK) y su papel potencial en el desarrollo de reformas políticas éticas y justas para las sustancias psicoactivas de origen natural.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) dedicado a desarrollar un sistema internacional de propiedad intelectual (PI) equilibrado y accesible. Durante más de dos décadas, los representantes de los gobiernos en el seno de la OMPI, junto con otras partes interesadas, incluidas entidades comerciales, ONG y representantes indígenas, han estado trabajando para soluciones para proteger a los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales locales de la apropiación indebida de su patrimonio ecológico y cultural. La primera solución formal avanzada es un tratado mundial sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos(GRATK). [ 1]

El trabajo para crear un acuerdo internacional vinculante refleja la continua preocupación mundial por la gestión y protección del patrimonio biológico de nuestro planeta y los conocimientos y saberes humanos relacionados con las plantas y los hongos, así como con los ecosistemas relacionados. Varias plantas y hongos tienen una larga historia de ser extraídos como un «recurso» tomado, estudiado y utilizado por empresas comerciales farmacéuticas y agrícolas, investigadores y gobiernos con un inadecuado consentimiento informado (si lo hay), protección y reparto de beneficios con las comunidades humanas y ecológicas de origen. Estas prácticas injustas y poco éticas derivadas de la investigación y comercialización de productos inspirados en los conocimientos tradicionales suelen denominarse » biopiratería.»

Proyecto de Tratado GRATK: 20 años de elaboración

La historia del GRATK comienza a principios de la década de 2000, cuando el tema de los recursos genéticos (RG) y conocimientos tradicionales (CT) entró cada vez más en los debates jurídicos internacionales, a petición de los países «en desarrollo», en particular de África, Asia y América Latina. Los países ricos en biodiversidad y culturas indígenas argumentaron que sus RG y CC.TT. habían sido utilizados sin el reconocimiento ni la compensación adecuados, lo que llevó a reclamar un marco internacional para abordar estas cuestiones.

En respuesta, la OMPI creó en 2000 el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore(CIG). El mandato del CIG consistía en estudiar las cuestiones de propiedad intelectual que surgen en el contexto del acceso a los RG y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización, así como la protección de los CT y el «folclore» (también conocido como «expresiones culturales tradicionales»).

A lo largo de los años, el CIG ha participado en complejas negociaciones destinadas a redactar instrumentos jurídicos (tratados) que pudieran proteger eficazmente los derechos humanos y los derechos relacionados con la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL ) sobre sus RG y los conocimientos tradicionales asociados. Estas negociaciones se han visto iluminadas por los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) y el Protocolo de Nagoya (2010), que introdujeron por primera vez en el derecho internacional los conceptos de Acceso Justo y Equitativo y Participación en los Beneficios (FABS, por sus siglas en inglés ) derivados del uso de los RG, incluyendo el acceso apropiado a la tecnología y su transferencia, la obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI ) de los IPLC para recolectar sus recursos, y diversos beneficios monetarios y no monetarios. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas(UNDRIP) adoptada por la Asamblea General en 2007 ha sido reconocida en los borradores del tratado GRATK. El borrador del texto del instrumento legal ofrece varios mecanismos de protección, incluidos los requisitos de divulgación en torno al origen de los RR. GG. y los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de patentes, así como medidas para evitar la apropiación y el uso indebidos de dichos recursos. En estas discusiones también se han considerado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a controlar y beneficiarse económicamente del uso de sus conocimientos y recursos. Las negociaciones han sido todo un reto debido a los diferentes puntos de vista sobre el alcance de la protección, la definición de lo que constituye un conocimiento tradicional y la mejor manera de equilibrar los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales con los de otras partes interesadas, incluidas las industrias y los investigadores de los países occidentales que se han beneficiado de un acceso sin trabas a los RG y los CT durante las últimas décadas. Inevitablemente, los intereses comerciales de los países más ricos tratan de suavizar el texto para asegurarse la máxima libertad para hacer lo que les plazca sin verse obstaculizados por estrictas disposiciones éticas en torno al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de origen o a normas justas y equitativas de reparto de beneficios. Hasta las últimas sesiones de septiembre de 2023, la CIG aún no ha finalizado el texto del instrumento, lo que refleja la complejidad de conciliar diversos intereses jurídicos, culturales y económicos. Sin embargo, una reunión final de las partes que se celebrará en Ginebra durante dos semanas en mayo de 2024 representa el último paso para establecer un marco internacional global que se supone que respetará y protegerá los derechos de las comunidades indígenas y locales al tiempo que fomentará la innovación y el intercambio responsable de conocimientos y recursos a nivel mundial. La finalización de este instrumento supondría un importante paso adelante en el ámbito del derecho internacional de la propiedad intelectual, abordando algunas de las cuestiones más acuciantes relacionadas con la biodiversidad y el patrimonio cultural en el mundo moderno, pero deja mucho que desear en términos de protecciones reales y normas justas para el control de los RG y los CT.

En este momento, no está claro si el tratado incluiría elementos que consideramos esenciales:

1. Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los titulares legítimos de derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales como parte de los requisitos de divulgación;
2. promulgar mecanismos de Acceso Justo y Equitativo y Participación en los Beneficios (FABS), inspirados, por ejemplo, en las disposiciones del Protocolo de Nagoya y del Tratado de Alta Mar;
3. La cobertura de los RG también debe incluir la información de secuencia digital (DSI) derivada de los recursos genéticos;
4. El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza (incluidos los RG) a ser dueños de sí mismos y de su propia información.

Un equipo de defensores en la Conferencia Diplomática GRATK

Un grupo de defensores de la política de drogas y de los derechos de los indígenas se han reunido en la Embajada del Cannabis para trabajar en diversos foros internacionales, incluido el tratado GRATK en la OMPI. La Embajada del Cannabis es una plataforma horizontal de defensa, conocimiento y apoyo del movimiento global del cannabis y sus aliados, que reúne a organizaciones de base sin ánimo de lucro y a expertos de todo el mundo, transmitiendo las preocupaciones de las comunidades interesadas en la conservación y (eventualmente) el uso justo de cualquiera de las plantas, hongos y otras formas de vida sometidas al control internacional de drogas. Más allá del Cannabis, la Embajada defiende una amplia reforma de la política de drogas y apoya a los aliados afectados por la prohibición de otras plantas y hongos. Como observadores con estatus consultivo, hemos seguido las discusiones de la CIG desde 2018 y tendremos voz en la Conferencia Diplomática del GRATK y en el trabajo futuro de la OMPI sobre los derechos de los IPLC para proteger los RG y los CT.

Es satisfactorio ver que la CIG pasa a una Conferencia Diplomática en mayo para finalizar el tratado tras dos décadas de discusiones, pero siguen existiendo reservas y serias preocupaciones sobre el contenido del texto actual y las metodologías de toma de decisiones utilizadas.

Presentes en todo el planeta y utilizados por los seres humanos desde la prehistoria, el cannabis y otros recursos genéticos con efecto psicoactivo, así como las comunidades humanas asociadas a estas plantas y hongos, están sometidos a un doble riesgo elevado:

1. La falta general de protección de los pueblos indígenas y las comunidades locales en lo que respecta a sus recursos genéticos, tradiciones y derechos de acceso y reparto de beneficios, y la falta de estrategias de conservación para sus ecosistemas y culturas;
2. La prohibición total de plantas y hongos psicoactivos, y la criminalización de los conocimientos tradicionales y el folclore asociados mediante leyes de prohibición internacionales y nacionales (incluida una disposición explícita de un tratado que insta a los gobiernos a erradicar los usos médicos indígenas de algunas plantas controladas[2] y décadas de desarraigo y fumigación química de estas especies sagradas, «drogas» en peligro, para intentar «erradicarlas»[3]).

Hay un largo camino hasta la reparación de las víctimas IPLC de esta espada de doble filo contra su herencia cultural y sus tradiciones. Pero ese largo camino comienza con un entorno jurídico internacional que sea justo y equitativo, no diseñado para mantener el actual desequilibrio de poder a favor de las grandes empresas y las instituciones académicas por encima de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pequeños agricultores de todo el mundo.

El mundo quiere que este tratado colme las lagunas del derecho internacional, pero por ahora se parece más a un frágil puente de cuerda de un solo sentido. Seguimos lamentando la selección del «texto del Presidente» en 2022 como base para las negociaciones, y lamentamos la rígida metodología adoptada durante las sesiones de 2023, que impidió la incorporación de cualquiera de las enmiendas propuestas por India que habrían reequilibrado el texto con respecto al consenso ganado durante una década en la redacción acordada en el Texto Consolidado.

En enero de 2024, la Embajada del Cannabis preparó un documento de posición con una lista detallada de recomendaciones que se remitió a varias jurisdicciones solicitando su opinión antes de la Conferencia Diplomática. Los puntos principales de nuestro documento de posición se resumen a continuación.

El estado de los debates y nuestras propuestas

Lamentablemente, tras 20 años de debate del CIG sobre un proyecto de texto, éste fue sustituido el año pasado por un nuevo «Texto del Presidente», que redujo sustancialmente las protecciones para los pueblos indígenas y las comunidades locales, al limitar el ámbito de aplicación únicamente a las nuevas patentes. Seguimos recomendando el Texto Consolidado original y el consenso anterior del CIG como norma de referencia cuando se considere cualquier nueva propuesta.

La Preámbulo de cualquier tratado es una parte fundamental y una guía para comprender e interpretar sus disposiciones. Para evitar cerrar la puerta a futuras mejoras del instrumento, recomendamos añadir referencias al sistema más amplio de Propiedad Intelectual, más allá de las patentes, en el Preámbulo del borrador del tratado GRATK.

Aunque actualmente se incluye la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también debería incluirse el reconocimiento directo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) junto con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. También debería señalarse el reconocimiento de que existen otras formas culturales de pensar sobre los derechos de propiedad y la Naturaleza, en particular, inspiradas en las cosmovisiones y prácticas consuetudinarias indígenas.

Del mismo modo que la UNDRIP, la UNDROP y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y de los derechos de la naturaleza deberían incluirse en varias cláusulas, también sería útil una referencia a los sistemas multilaterales emergentes de acceso y reparto de beneficios, tanto en el preámbulo como en los artículos.

Artículo 3que trata de Requisitos de divulgación para los solicitantes de patentes, es un artículo clave. Debe incluirse el país de origen de los RR. GG. y, si es diferente, el país del que se obtuvieron. El mismo enfoque debería aplicarse a los conocimientos tradicionales.

En estos casos, se debería exigir a los solicitantes de patentes que aporten pruebas del CLPI de los titulares legítimos de los derechos. El plazo para la cumplimentación de las especificaciones completas no debería diferir de los plazos de presentación comúnmente utilizados en los procedimientos ordinarios de cada oficina de patentes.

Posible Excepciones y limitaciones al requisito de divulgación se contemplan en el Artículo 4. Allí, es necesario hacer hincapié en las condiciones estrictas en torno a cualquier excepción de «caso especial» para evitar el uso indebido y garantizar que estas excepciones no sirvan como lagunas que socaven la intención y el propósito del tratado GRATK en su conjunto. Del mismo modo, en el borrador del artículo 6 que trata de Sanciones y recursosdebe crearse un marco de sanciones sólido, sin un límite máximo de sanciones por infracciones. La revocación de la patente debe contemplarse como una posible sanción para las patentes basadas en RG/TK y presentadas en violación de los requisitos de divulgación.

Borrador Artículo 7 se refiere a «Sistemas de información«. Debe requerirse la autorización expresa de IPLC y de otros titulares legítimos de derechos antes de introducir información sobre los GR y los CT en cualquier base de datos. Cualquier sistema de información debe respetar los derechos de estos grupos sobre su patrimonio natural y conocimientos tradicionales asociados, y tienen derecho a decir no a la colocación de información sobre sus RG y CT en cualquier sistema de información de acceso restringido o de dominio público por igual.

Se necesita más claridad en torno a quién tiene acceso a los sistemas de información y en qué condiciones, sobre todo en el caso de las oficinas de patentes extranjeras. Los sistemas de información GRATK establecidos deben seguir unas directrices de gobernanza de datos que integren los principios FAIR (encontrabilidad, accesibilidad, interoperabilidad, reutilización) y CARE (beneficios colectivos, autoridad para controlar, responsabilidad, ética). La representación del IPLC debe incluirse de forma significativa y participar activamente en cualquier grupo de trabajo técnico relacionado con el Tratado y sus sistemas de información y garantizar una distribución geográfica equitativa en los procesos de participación y toma de decisiones.

Conclusión

La finalización de la propuesta de tratado GRATK en la OMPI el próximo mes representa una coyuntura crítica para los derechos humanos y medioambientales internacionales, y el derecho de propiedad intelectual, en particular en lo que concierne a algunas de las personas más perjudicadas por el colonialismo, el tráfico de seres humanos y la esclavitud en el pasado, y ahora por sus expresiones posteriores en un mundo poscolonial, a veces neocolonial: Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas locales.

Aunque los progresos son evidentes, aún quedan retos importantes, especialmente en torno a la consecución de un equilibrio verdaderamente equitativo que respete los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y, al mismo tiempo, dé cabida a los intereses científicos y de desarrollo. La Embajada del Cannabis es consciente de la naturaleza compleja y polifacética de estas negociaciones, destacando las preocupaciones específicas sobre los recursos genéticos psicoactivos y las implicaciones más amplias para los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural.

La próxima Conferencia Diplomática de mayo de 2024 ofrece una oportunidad crucial para abordar estas complejidades. Sin embargo, la base de las negociaciones -el controvertido «texto del Presidente»- y los obstáculos de procedimiento observados en las últimas sesiones señalan un camino precario por delante. A medida que nos acercamos a esta reunión crítica, la comunidad internacional debe esforzarse por conseguir un tratado que no sólo fomente la innovación y comparta los conocimientos, sino que también garantice unas protecciones sólidas para las partes implicadas más vulnerables y para las especies y ecosistemas en peligro. El tratado GRATK tiene el potencial de establecer una norma mundial para respetar y proteger la biodiversidad y los conocimientos culturales, y abrir un nuevo capítulo y un nuevo ámbito del derecho internacional. Sin embargo, es imperativo que no se convierta en un acuerdo unilateral que no aborde las principales preocupaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales y otros grupos marginados, garantizando que en el texto final se escuchen sus voces y, junto con la propia Naturaleza, se protejan y promuevan adecuadamente sus derechos.

[1] Lea el resumen ejecutivo de 1 página de la OMPI sobre el proyecto de tratado GRATK y la «Explicación» de 4 páginas

[2] El artículo 49 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes exigía la erradicación total en un plazo de 15/25 años tras su entrada en vigor. En el caso del cannabis, este artículo 49 sólo podía aplicarse como máximo hasta agosto de 2000.

[3] Tanto la Convención de la ONU sobre Drogas de 1988 como la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU de 1998 hicieron un llamamiento a la erradicación de las plantas y hongos tradicionales bajo control, prometiendo un «mundo libre de drogas» para 2008.

–

Glosario de abreviaturas

#PatentingTraditions